40 años de Democracia: esta muestra recorre los acontecimientos históricos en nuestro país desde el resquebrajamiento de la dictadura cívico-militar, tomando 1983 como año clave, y hasta 1994, a través del archivo fotográfico del diario La Capital y obras de artistas contemporáneos como Graciela Sacco y Norberto Puzzolo.
1983 es un año de múltiples cambios superpuestos y para el cual la metáfora de “la transición” desde la dictadura a la democracia resulta insuficiente para describir los significados que condensa para la política argentina ese momento fundacional: el de la democracia en su oposición inmediata a la dictadura cívico-militar, y el del proyecto de fundar un orden institucional estable y plural que diera fin al ciclo recurrente de golpes de estado, violencia política, y clausura del espacio público desde los años ’30.
1983 es un año que contiene una diversidad de acontecimientos, entre los que sobresalen dos fechas significativas. El 30 de octubre,...día de las primeras elecciones nacionales abiertas y competitivas en las que el pueblo pudo decidir libremente quienes serían sus gobernantes tras siete años de imposición de un gobierno de facto que silenció a la ciudadanía, y tras una dictadura cívico-militar brutal que instaló una maquinaria estatal de represión que hizo desaparecer a 30.000 personas. El 10 de diciembre, en una jornada de movilización entusiasta por lo que culminaba y de expectativas por el momento inaugural, se logró el traspaso de la banda presidencial de Reynaldo Bignone, presidente de la última junta de comandantes, a Raúl Ricardo Alfonsín. Se iniciaba el primer gobierno constitucional postdictadura dentro del recinto del Congreso de la Nación, institución de la representación clausurada por años. La fecha fue simbólicamente escogida, ya que coincidía con el aniversario de la eclaración universal de los derechos humanos. El cambio de régimen político del autoritarismo a la democracia, entendido como una transformación decisiva del lazo que incula a gobernantes y a gobernados, abría la puerta en el país a un inédito vínculo entre democracia, derechos humanos y estado de derecho.
Y, sin embargo, toda la esperanza depositada en 1983, y el lapso entre la elección y la asunción, se vivieron con un sentimiento de miedo permanente a que no se llevara a cabo la última parte de un proceso corto pero intenso, iniciado con la derrota militar en la guerra de Malvinas en junio de 1982. Derrota que permitió el inicio de un tiempo de movilizaciones: de los partidos políticos agrupados en la Multipartidaria desde 1981, de jóvenes que comenzaron a afiliarse a ellos y renovaban o desbordaban viejas estructuras organizativas, de un sindicalismo que no había negociado con la dictadura –como la CGT Brasil–, y de nuevos actores cuyo protagonismo instituyeron la democracia –como las madres de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos–. La Marcha por la Democracia del 16 de diciembre de 1982, puede verse como un nuevo momento político, con actores dispuestos a protagonizarlo, y con el significado de un nombre –democracia– que revela la potencialidad colectiva de la participación que se emprende.
Efectivamente, a pesar de que la guerra en el Atlántico sur abrió una hecatombe dentro de las fuerzas armadas y el desplome total de cierta legitimidad social en la que se sostuvo, la dictadura siguió activando el terror. En el mes de abril de 1983, emitió el “Documento final de la Junta militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo” con el que quería dar por clausuradas las explicaciones públicas de los crímenes cometidos y el destino de los desaparecidos. Y un mes antes de las elecciones, pronunció la “ley de autoamnistía” o de “pacificación nacional” con el fin de impedir la persecución penal de los responsables del terrorismo de estado.
Por lo que llegar al momento de las elecciones, una manera pacífica pero contundente de desplazar al gobierno de facto, no fue un camino fácil. Estuvo precedido por la incertidumbre y tensas negociaciones con los militares en una ambigua retirada en la que seguían difundiendo el terror. Recordemos que, en el mes de mayo de 1983, cuando la liberalización estaba en marcha y se había definido un calendario electoral, son detenidos y asesinados en la ciudad de Rosario los militantes políticos Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiasso.
Hay que reconocer que Raúl Alfonsín, en quien no podemos depositar el proceso de “transición a la democracia”, supo nombrar el momento político que se abría. Fue quien convirtió a la palabra pública en una herramienta consustancial a la política democrática que buscaba establecer una conversación que se iniciaba en el recitado laico de la Constitución nacional. Además, su voluntad política y su compromiso con los derechos humanos permitieron que, tras la asunción del nuevo gobierno, el Congreso derogara la ley de autoamnistía elevando el procesamiento a los integrantes de la junta militar. Esto y la reforma del Código de Justicia militar, habilitaron el juicio a los excomandantes en tribunales civiles. “No a la amnistía”, “Juicio y castigo a los culpables” habían sido consignas centrales de los organismos de derechos humanos, lo que mostraba la demanda de justicia constitucional sobre quienes habían cometido crímenes de lesa humanidad.
Las palabras finales de la sentencia judicial dictada por el fiscal Julio César Strassera el 9 de diciembre de 1985, completaron judicialmente la transición a la democracia políticamente inaugurada en 1983.
Sin embargo, “la transición” culminó bastante después. Estuvo antecedida por leyes del perdón (Punto Final y Obediencia Debida) y el adelantamiento de las elecciones debido a una crisis económica e hiperinflacionaria que confrontó la ilusión del momento fundacional con las deudas pendientes de la democracia. Pero sigue entre nosotros la ilusión de ese momento en el que la democracia fue el nombre elegido para anticipar la creación de un futuro, del que hoy conmemoramos sus 40 años ininterrumpidos.
Cecilia Lesgart es Doctora en Ciencia Política por FLACSO-Sede académica de México (2000). Realizó su Postdoctorado en el Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba-Argentina (2017). Es Investigadora Independiente CONICET-Argentina. Profesora Titular regular de Teoría Política III en la Facultad de Ciencia Política y RR. II. Universidad Nacional de Rosario. Dirige el Centro de Estudios en Teoría Política y Social (CETePoS). Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario. Es Profesora de Postgrado en la Universidad Nacional de Quilmes y de Rosario.
Entrada actualizada el el 27 sep de 2023
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