El Consejo de Ministros, celebrado el pasado viernes, aprobó el proyecto de ley reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), presentado por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. Por lo tanto, sólo resta que, antes del verano, el Congreso dé luz verde a este proyecto de ley que posteriormente deberá ser refrendado por el Senado. La subsecretaria del Ministerio de Cultura, Mercedes del Palacio, fue quien acompañó al director de la institución, Manuel Borja-Villel en la presentación a los medios de comunicación de este proyecto de ley, y en ella precisó que el nuevo Estatuto jurídico presenta una forma "análoga a la del Museo del Prado, pero no idéntica" y que incluye "referencias legislativas diferentes" dado que el Reina Sofía es un centro de arte contemporáneo y el Museo del Prado un museo histórico. Según manifestó Del Palacio durante la rueda de prensa, "ya existe acuerdo y consenso entre todos los grupos políticos por la necesidad de modificar el régimen normativo de este Museo".

Si nos ceñimos a lo que dice la nota de prensa hecha pública por el Ministerio de Cultura: "El proyecto prevé dotar a la institución de un nuevo marco jurídico que responda a las necesidades de funcionamiento y gestión propias de un centro de estas características, garantizando al mismo tiempo el máximo nivel de calidad exigible a un museo de titularidad pública estatal en la prestación de sus servicios culturales. Se trata de lograr una gestión más ágil y flexible de la institución manteniendo siempre el carácter público del museo si bien con algunas características que lo sitúan en aspectos concretos en la órbita del derecho privado. La modificación de la naturaleza jurídica de los museos ha sido un fenómeno generalizado entre los grandes museos del resto de Europa. En España existe el precedente inmediato del Museo Nacional del Prado, que abandonó la figura de organismo autónomo de carácter administrativo, como hace ahora el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, para convertirse en un organismo público con estatuto específico en virtud de una Ley propia que se aprobó en el año 2003".

En dicha nota, además, se aclaran las principales diferencias respecto del régimen actualmente aplicable, y que se concentran en tres grandes materias: "La primera, afecta al ámbito de la contratación administrativa, por la que se le dota de más flexibilidad para agilizar algunas actividades especialmente necesitadas de un margen de maniobra superior, como las exposiciones temporales. A su vez, facilitará la gestión de otros servicios como la tienda-librería o la cafetería-restaurante. La segunda, desde la perspectiva presupuestaria, ya que el proyecto proporcionará una gestión económico-presupuestaria más ágil. Para ello prevé un control financiero permanente que permitirá mayor rapidez y eficacia en la gestión, reduciendo notablemente los tiempos de tramitación. Hay que tener en cuenta que el Museo firmó más de mil contratos en 2010, muchos de ellos, además, con instituciones extranjeras. Y la tercera y última, se aborda también una modificación a futuros, unificando el régimen jurídico del personal del organismo, promoviendo así una gestión homogénea y eficiente de los recursos humanos". Por último, en la comunicación se ofrece a modo de resumen algunas de las cifras e hitos que han marcado a este museo desde su inauguración en 1990 y que no ha dejado de estar como reza en la nota en "constante modernización". ARTEINFORMADO